La aprobación en la Cámara de Diputados de las leyes referidas a los cambios en las cautelares y el Consejo de la Magistratura y la generación de una nueva instancia a través de las Cámaras de Casación que se crean, no implica el fin del conflicto, sino el inicio de otra etapa.
Al ser elegidos por voto directo los integrantes del Consejo de la Magistratura, los pasos inmediatos que seguirán pasan por el cronograma electoral para las primarias obligatorias y simultáneas que se inicia en junio con el cierre del plazo para inscribir las alianzas electorales, sigue luego el 22 de junio, con la presentación de listas de candidatos, y finalmente el 11 de agosto, con estas elecciones.
Las presentaciones a la Justicia contra la constitucionalidad de las normas que han sido sancionadas ya se han iniciado.
Es posible que desde la Justicia se adopten decisiones que, ya sea por razones constitucionales, legales o procesales, impidan que la elección de los nuevos consejeros se realice mediante el proceso electoral que se inicia en junio. Puede plantearse en consecuencia un escenario similar al de la ley de medios, con sucesivas decisiones judiciales que vayan dilatando, postergando y cuestionando la aplicación de la norma.
La cuestión ahora es si el oficialismo aceptará estas decisiones o caerá en la tentación de avanzar hacia un conflicto institucional de consecuencias difíciles de calcular.
La sanción de estas normas apunta a quitarle protagonismo a la Justicia, algo que inevitablemente vuelve a tener ahora.